La jornada política de este jueves se presentó como una bisagra para el Gobierno nacional, que intenta recomponer su estrategia tras un traspié legislativo que expuso tensiones internas y limitaciones en su capacidad de avance parlamentario.
La reciente sesión en Diputados por el Presupuesto 2026, donde se frenaron iniciativas clave del Ejecutivo, obligó a la Casa Rosada a convocar a una mesa política ampliada para recalibrar el camino a seguir en los próximos días.
La derrota parlamentaria no solo puso en cuestión proyectos específicos sino que también avivó cuestionamientos sobre la cohesión interna del espacio oficialista, con voces preocupadas por la capacidad de conducción política del Ejecutivo.
El clima en el Gabinete refleja la necesidad de encontrar un equilibrio entre pragmatismo y firmeza. Más allá de las diferencias tácticas, hay consenso en que la estrategia de comunicación y negociación con la oposición deberá ser replanteada, al menos por estas semanas, para evitar que nuevos capítulos de la agenda oficial queden en riesgo.
Dentro del oficialismo apuntan a algunos mandatarios provinciales como responsables del traspié legislativo y evaluaban, incluso, la posibilidad de vetar el proyecto completo si llegaba al Senado en los términos actuales.
Argumentan que mantener el financiamiento universitario y la emergencia en Discapacidad afectaría la meta de déficit cero.En el Senado, tras la media sanción obtenida en Diputados, el tratamiento del Presupuesto 2026 entró en una etapa clave: el oficialismo aspira a emitir dictamen en comisión y llevar el proyecto al recinto en una semana para buscar la sanción definitiva antes de fin de año, conscientes de que cualquier modificación que introduzca el Senado obligaría a que vuelva a Diputados para una definición final.
La estrategia oficialista incluye negociaciones voto a voto y posibles ajustes al texto, especialmente en torno al capítulo más polémico que fue rechazado en la cámara baja, porque de no sancionarse antes del 1° de enero el Poder Ejecutivo se vería forzado a reconducir otra vez el presupuesto vigente.
En paralelo, la Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante una movilización significativa en contra de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
A diferencia de momentos anteriores de tensión social, desde la Casa Rosada se optó por una respuesta de menor intensidad retórica, describiendo la movilización como una “jornada de normalidad”.La decisión de bajarle el tono a la protesta obedece, en parte, a una lectura oficial de que confrontar con fuerza a los sectores sindicales podría profundizar fricciones en un momento donde la prioridad es recomponer alianzas y evitar más fracturas.
Funcionarios sostienen que las instituciones y los mecanismos de diálogo deben prevalecer por sobre la confrontación directa.
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