Una banda que operaba desde tres cárceles bonaerenses realizó más de 10.000 llamadas entre junio y octubre para cometer estafas y también organizaba entraderas.
Sus integrantes se hacían pasar por policías o familiares para exigir dinero, principalmente a adultos mayores. El fiscal de Mar del Plata Mariano Moyano pidió prohibir de manera urgente el uso de celulares en los penales.
Los estafadores decían que un familiar había quedado detenido por atropellar a una embarazada y exigían una fianza urgente. En otros casos, simulaban ser hijos o sobrinos y pedían cambiar dólares ante un supuesto anuncio económico del Gobierno.
El principal encargado de llamar era Hugo Carlos Miguel, alias “El Gitano”, de 62 años, condenado a 30 años de prisión por homicidio y alojado en la cárcel de Olmos. Usaba la identidad falsa de “Subcomisario Gutiérrez”. Desde las unidades 44 y 15 de Batán, Franco Isaías Miguel y Jonathan Villalba reunían datos patrimoniales de las potenciales víctimas y se los transmitían.
Si el engaño telefónico no funcionaba, la organización enviaba grupos que se presentaban como policías o irrumpían por la fuerza en las viviendas.
En uno de los ataques, encapuchados maniataron y golpearon a una mujer de 70 años en Mar del Plata, le provocaron cortes en los pies y robaron $600.000. Por ese hecho fue detenido Alejandro Rosales Demetrio.
La investigación comenzó tras un intento de estafa frustrado en julio en Mar del Plata. El análisis de cámaras y antenas telefónicas permitió vincularlo con otros delitos. El peritaje del celular de Rosales fue clave para reconstruir la organización.
La Justicia ordenó requisas en los tres penales para evitar la destrucción de pruebas. Secuestraron ocho celulares, tarjetas SIM y anotaciones con nombres y teléfonos de futuras víctimas. Los investigadores analizan ese material para determinar la dimensión total del fraude.
Moyano sostuvo que la disponibilidad de teléfonos permite a los presos planificar y ejecutar delitos desde su lugar de encierro. Por eso solicitó formalmente prohibir su uso y cortar las comunicaciones informales dentro de las cárceles.
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