El Gobierno oficializó su retiro definitivo de la empresa interestadual Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) y transfirió el control pleno de la compañía a la provincia de Catamarca, la principal socia.
La decisión se oficializó al publicarse en el Boletín Oficial el decreto 2/2026, que cristalizó una negociación directa del gobernador peronista Raúl Jalil con la Casa Rosada y que arrancó a los pocos meses de la asunción del presidente Javier Milei, a cambio de apoyo en el Congreso en leyes claves.
Con esta medida, la Nación dejó de formar parte de la gestión y propiedad de YMAD, una entidad que fue creada mediante la ley 14.771, en base a la histórica «Acta del Farallón Negro», firmada el 10 de junio de 1958 por el entonces rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) Eugenio Flavio Virla y el gobernador catamarqueño Juan Salas, refrendada por el vicepresidente de la Nación Alejandro Gómez y legisladores nacionales de las dos provincias.
Las partes suscribieron ese acuerdo porque fue el químico y explorador Abel Peirano, de la UNT, quien descubrió los yacimientos mineros ubicados en Farallón Negro (Agua de Dionisio), en el departamento Belén (Catamarca) a fines de los años 30.
El investigador donó sus derechos a la UNT y sentó las bases para la creación de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), un proyecto clave para la UNT y para la provincia de Catamarca.
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