La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso de Alberto Fernández para anular la causa por violencia de género iniciada tras la denuncia de Fabiola Yañez.
La investigación continúa a cargo de Daniel Rafecas, quien deberá definir la situación procesal del expresidente después de analizar nuevas pruebas de descargo.
Los abogados de Fernández sostenían que debían descartarse todas las pruebas recolectadas por Julián Ercolini, apartado por una relación de enemistad manifiesta con el expresidente que afectaba su imparcialidad. Cuestionaban especialmente los mensajes y las fotografías encontrados en el celular de su exsecretaria María Cantero, que dieron origen a la causa, por considerar que tenían un origen ilegítimo.
Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma consideraron que la defensa expresó un desacuerdo con las decisiones previas, sin demostrar una vulneración constitucional ni fundamentar adecuadamente una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación. Alejandro Slokar votó en disidencia porque entendió que correspondía analizar el fondo del planteo, aunque aclaró que eso no implicaba pronunciarse a favor de Fernández.
Rafecas ordenó medidas de prueba de descargo que la defensa había solicitado y todavía no se habían realizado. Una vez analizadas, deberá decidir si mantiene el procesamiento para enviar al expresidente a juicio oral o si corresponde dictar la falta de mérito o el sobreseimiento. El fiscal Ramiro González dio por cerrada la investigación y pidió elevar el caso a juicio hace más de un año.
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