La discusión por el proyecto de ley que busca crear una tasa ambiental sobre el metano emitido por la ganadería bonaerense escaló con una intensidad que pocos anticipaban.
Lo que comenzó como una iniciativa orientada a financiar con el impuesto programas ambientales vinculados a residuos urbanos se convirtió en un frente político, económico y científico que enfrenta al Gobierno provincial con el corazón productivo del país.
La autora del proyecto es la diputada bonaerense Lucía Klug. Ella presentó un proyecto en la Legislatura provincial que propone crear una “Tasa Ambiental sobre el Metano” (TAMBA), gravando las emisiones de metano generadas por la producción ganadera.
Según la iniciativa, la tasa apunta a mitigar gases de efecto invernadero y financiar con lo recaudado un fondo fiduciario destinado a la gestión de residuos sólidos urbanos.
La presentación generó inmediato rechazo en el ámbito agropecuario y abrió una polémica intensa: muchos cuestionan la validez de medir metano bovino como equivalente CO, mientras científicos advierten que la base técnica de la medida es deficiente.
Productores, miembros de cámaras empresarias, especialistas en la materia y todos advierten que el texto parte de conceptos biológicos incorrectos, omite métricas climáticas actuales y podría establecer un precedente tributario que afecte competitividad, empleo rural y modelo productivo.
Por ahora, la “tasa al metano” abre un debate que combina ambiente, economía y política en partes iguales. Y deja al descubierto una pregunta central: ¿es posible legislar sobre gases de efecto invernadero sin comprender primero cómo funcionan los sistemas biológicos que se pretende regular?
Ernesto Viglizzo, ingeniero agrónomo, doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, investigador principal del CONICET, exinvestigador del INTA y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, se impuso como una referencia técnica para evaluar el alcance real del proyecto.
Viglizzo planteó en diálogo con el medio Ámbito tres falencias fundamentales: una biológica, otra fiscal y una tercera político-ideológica.
Según explicó, el debate se ha simplificado hasta niveles que distorsionan el fenómeno que se busca regular.
Para el investigador, el proyecto parte de una lectura biológica incorrecta que confunde fuentes emisoras, mezcla gases de distinta naturaleza climática y aplica criterios simplificados a sistemas pastoriles complejos.
El segundo problema, según Viglizzo, es fiscal: la iniciativa se suma a una larga tradición argentina de crear tributos “insólitos”, muchas veces sin comprender el objeto gravado.
En este caso, el impuesto “revela ignorancia científica” y aplica criterios tributarios sobre procesos biológicos mal interpretados.
Finalmente, introdujo el componente ideológico: sectores políticos que proponen reformas agrarias y cuestionan la propiedad privada habrían encontrado en el metano “un argumento simbólico para castigar a la supuesta oligarquía vacuna”.
Según Viglizzo, “ciertos sectores de la militancia ideológica y política -que mal llamaremos “progresistas”- ven en la propiedad de la tierra y en la propiedad de los animales una base de injusticia social”.
Sin embargo, el proyecto ignora que más del 75% de las tierras áridas y semiáridas del país solo pueden sostener actividades ganaderas de baja escala. “¿Qué harán con las familias rurales que dependen de unos pocos animales para sobrevivir?”, cuestionó.
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