El juez federal Daniel Herrera Piedrabuena dispuso el levantamiento de las inhibiciones generales de bienes que pesaban sobre los imputados en la megacausa de las ONGs, al considerar cumplido el plazo de 90 días desde que fueron ordenadas.
La medida se dictó en el expediente FCB 5152/2016, que investiga presuntas maniobras de defraudación contra la administración pública y lavado de activos vinculadas a fundaciones que recibieron fondos nacionales entre 2013 y 2016.
Según la resolución firmada el 2 de marzo, el magistrado ordenó librar oficio al Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia para que proceda al levantamiento de la inhibición de bienes de los encartados.
La decisión se dio en el marco de una serie de movimientos procesales que reactivaron el expediente en las últimas semanas.
La causa, iniciada a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), investiga el presunto desvío de fondos públicos destinados a programas federales de construcción y mejoramiento de viviendas durante el gobierno provincial de Luis Beder Herrera.
En el expediente figuran 22 ONG y fundaciones que habrían recibido transferencias millonarias y realizado retiros en efectivo por sumas que, según estimaciones oficiales mencionadas en audiencias, superarían hoy los mil millones de pesos actualizados.
En las mismas resoluciones, el juez ordenó una batería de medidas de prueba. Entre ellas, nuevos oficios a la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, al Ministerio de Infraestructura, al Instituto Provincial de la Vivienda y al Banco Rioja, para que informen sobre el origen de los fondos transferidos a distintas fundaciones y el detalle de obras presuntamente ejecutadas por empresas vinculadas a los imputados.
En otra resolución, se ordenó consultar a la Cuenta Consolidada del Tesoro provincial y a áreas de la Secretaría General y Legal de la Gobernación para determinar si determinados fondos tuvieron origen nacional —en el marco de programas federales— o provinieron de partidas provinciales.
El juzgado incluso dispuso la formación de nuevos cuerpos del expediente —que ya supera ampliamente las 6.800 fojas—, lo que da cuenta del volumen documental acumulado tras casi una década de trámite, nulidades y reactivaciones.
Tras el levantamiento de las inhibiciones, en ámbitos judiciales comenzó a circular la versión de que el expediente podría atravesar un nuevo escenario procesal. Algunas fuentes sostienen que hubo presiones de importantes dirigentes políticos de la época investigada y que no se descarta un replanteo de competencia que derive en una redefinición formal del encuadre del caso fuera del ámbito federal.
La justicia federal siempre se consideró menos permeable a las persiones locales en todo el país. En el caso particular de La Rioja, el tribunal de alzada está en Córdoba, dato clave en todo expediente del fuero federal provincial.
Por ahora, lo concreto es que el juez Herrera Piedrabuena levantó las inhibiciones y ordenó nuevas medidas de prueba, mientras la megacausa de las ONGs suma cuerpos, oficios y pericias en un expediente que, a casi diez años de su apertura, vuelve a quedar en el centro de la escena judicial y política riojana.
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