La Cámara de Apelaciones estadounidense resolvió suspender todas las demandas vinculadas al juicio por la expropiación de YPF y la audiencia de apelación relativa al discovery sobre dispositivos y cuentas personales de funcionarios.
En enero los fondos Petersen y Eton Park habían presentado un escrito ante la jueza para que el país sea declarado en desacato y sancionado por supuestas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales exigidas por la corte.
El reclamo también estaba vinculado a un proceso de discovery del caso sobre correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores. Los demandantes aseguraban que ciertos funcionarios no cumplieron con toda la documentación solicitada y sostienen que eso justifica sanciones adicionales.
Desde la Procuración del Tesoro, la defensa oficial rechazaron tajantemente la acusación de desacato: aseguran que el país está cumpliendo con las decisiones judiciales vigentes y que ningún castigo puede aplicarse antes de que se ejerza completamente el derecho a defensa.
El conflicto traza su origen en la sentencia de primera instancia que condenó a la Argentina a pagar u$s16.100 millones más intereses por la expropiación de YPF, fallo que los demandantes obtuvieron en 2023 ante Preska.
El Gobierno, por su parte, buscó frenar esta ofensiva con una apelación que considera central para su estrategia de defensa, mientras la disputa se mastica entre tecnicismos jurídicos y reclamos de soberanía.
En paralelo, los fondos han advertido que podrían avanzar con multas, presunciones adversas e incluso pedir cronogramas específicos para tratar el desacato si no obtienen la información solicitada.
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