La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) usó los términos «idiota», «imbécil» y «débil mental» en una resolución, publicada en el Boletín Nacional, para categorizar a determinadas personas que reciben las pensiones no contributivas.
La resolución 187/2025 aprueba el baremo, que establece los diversos tipos de discapacidad, «para la evaluación médica de invalidez de las Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral en los términos de la Ley 13.478 y el decreto 432/1997».
Para realizar esta escala, ANDIS incluyó un anexo en el que se sumaron modificaciones en las calificaciones para las personas con discapacidad y separó en grupos a los «retardos mentales» en «idiota», «imbécil», «débil mental moderado» y «débil mental leve».
Por otro lado, la agencia explicó que el fin de esta medida es determinar «la pertinencia del otorgamiento del beneficio».
Además, indicó que las personas que reciban estas pensiones deben entregar certificado médico oficial, resumen de la historia clínica, estudios complementarios o interconsultas.
La Asociación de Psiquiatras de Argentina y actual presidente de la Asociación de Psiquiatras de América Latina, Santiago Levín, advirtió que «los términos utilizados por el Gobierno son anticuados y ofensivos», destacó que «el nuevo paradigma tiene su origen en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue sancionada en el 2006 por las Naciones Unidas y suscrita por el Parlamento argentino en el año 2007, y deja atrás términos anticuados» y agregó: «Esto solo puede ser entendido como desconocimiento y falta de actualización mínima de algunos funcionarios nacionales».
Hace más de 20 años se dejaron de usar estos términos en nuestro país y actualmente es obligatorio basarse en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad» y agregó: «Ni siquiera en los manuales de clasificación de las enfermedades, como el CIE-10 o el DSM-5».
Las personas responsables del uso de los términos «idiota», «imbécil» y «débil mental» en una resolución habían sido desvinculadas del organismo. El funcionario afirmó que la normativa incurrió en un «error» derivado del uso «de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta» y se comprometió a modificarla.
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