La posición más contundente sobre el punto fue de Carlos Silva Neder, vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, quien -en la previa del plenario- adelantó que la diferenciación tarifaria no debería quedar sujeta a la voluntad de turno de un funcionario.
Para el titular del organismo, la única garantía de estabilidad es que la medida «salga por una ley del Congreso Nacional» y no por una resolución que pudiera modificarse más adelante. Su planteo tiene un peso especial por tratarse de quien conduce el Parlamento y llega en un contexto en el que, según describió, la electricidad dejó de ser una cuestión de confort para las familias del Norte y pasó a ser una cuestión de subsistencia.
Por consultas, se supo que se inició una ronda de diálogo para darle espesura y músculo a esta iniciativa entre los mandatarios. «Todavía no es la opinión de la mayoría pero los últimos resultados de las votaciones en el Congreso han entusiasmado a algunos», señaló la fuente.
Silva Neder repasó otros indicadores que, a su juicio, muestran el deterioro de la situación económica y social de la región, como la caída de la actividad industrial y de la construcción, el aumento de la demanda sobre los hospitales públicos -producto de la pérdida de cobertura de salud privada de alrededor de 1,2 millones de personas- y una morosidad que ya no se limita al sistema bancario, sino que también alcanza al pago de tarjetas de crédito para comprar alimentos y las boletas de luz.
El impacto, remarcan esos estudios, no fue parejo entre provincias, ya que buena parte de la boleta depende del Valor Agregado de Distribución que fija cada jurisdicción, lo que amplía todavía más las diferencias entre el Norte Grande y otras regiones del país.
El planteo no es nuevo para la Casa Rosada, ya que el jefe de Gabinete Diego Santilli tendió puentes con los gobernadores del Norte Grande en varios encuentros -en Posadas y en la Casa de Gobierno- para avanzar con la creación de una tarifa eléctrica diferenciada por «zona cálida», pensada como contrapartida al recorte que el Gobierno impulsa sobre los subsidios al gas de las llamadas «zonas frías».
Hasta el momento esas gestiones no derivaron en una definición concreta porque el proyecto de zona fría, que obtuvo media sanción en Diputados, sigue frenado en el Senado, en buena medida porque los gobernadores norteños condicionan su respaldo a que la Nación primero cierre el compromiso por la zona cálida.
A la falta de acuerdo se suma otra tensión debido a que los gobernadores de provincias beneficiadas por el actual régimen de zona fría, como Axel Kicillof (Buenos Aires), Martín Llaryora (Córdoba) y Claudio Poggi (San Luis), se oponen a que el beneficio para el Norte Grande se financie recortando lo que hoy reciben sus propias provincias y ya instruyeron a sus legisladores a rechazar la reforma en esos términos.
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