El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica (también conocida como Ley Garrahan) y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei.
No obstante, su aplicación quedó postergada hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.
La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, con los cuales el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796.
Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno aclaró que las medidas no podrán ejecutarse sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos.
La Ley 27.795, promulgada a través del Decreto 759/2025, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).Según estimaciones oficiales, la implementación plena de la norma demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026.
En respuesta a la dilación del Gobierno para promulgar la ley de Financiamiento Universitario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realiza un paro hoy y mañana, ante el vencimiento de los plazos legales para sancionar la norma. Este martes, habrá una jornada de protesta y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país.
En tanto, el Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año.
La norma busca garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para niños y niñas, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, además de ofrecer incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas.
El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad. El costo fiscal de la medida se estima en $196.270 millones.
El Gobierno considera “inviables” sin una definición del Congreso sobre los recursos disponibles. La Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la ley sin fondos específicos sería incompatible con el artículo 5° de la Ley 24.629, que regula la ejecución del gasto público, y podría generar “responsabilidad funcional” para los funcionarios que la implementen.
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