El documento final que rubricó el Presidente, esta compuesto de 71 páginas organizadas en 26 títulos, e incluye un capítulo específico dedicado al régimen patrimonial de las organizaciones sindicales.
En ese apartado quedó descartado el cambio sobre la cuota solidaria, el punto que la CGT había objetado con más fuerza.
Aun así, el Gobierno mantuvo una modificación sensible: a partir de la reforma, cualquier descuento sindical requerirá la aceptación expresa del trabajador y deberá contar además con la autorización de la Secretaría de Trabajo antes de ser aplicado.
En paralelo, desde la central obrera reiteraron que la retirada de ese artículo no implica un aval a la reforma.
Dirigentes de la CGT comunicaron públicamente que mantienen su preocupación por el impacto que la propuesta podría tener sobre la negociación colectiva y sobre las condiciones laborales en general.
También insistieron en que cualquier modificación al régimen de derechos adquiridos debe discutirse con seriedad y amplitud.
El debate dentro del oficialismo también estuvo presente. Sectores más duros advertían que ceder ante la presión sindical podría diluir la identidad del proyecto original, mientras que otros planteaban que sin un piso de acuerdos básicos el trámite parlamentario se volvería inviable.
La exclusión de los artículos conflictivos fue, finalmente, la salida elegida para ordenar la agenda.
La CGT, por su parte, sigue evaluando sus próximos pasos, que terminarán de definirse este jueves al mediodía, en una reunión de su consejo directivo. Aunque por ahora no anunció medidas concretas, no descarta movilizarse si considera que el texto definitivo afecta derechos esenciales. La central entiende que el Congreso será el ámbito donde debe darse la discusión, pero ya se prepara para incidir en el debate político.
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