El Gobierno concretó la decisión oportunamente anunciada de eliminar los aportes obligatorios de las bodegas que financiaban el funcionamiento de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).
La medida es parte de las políticas de desregulación de distintos sectores económicos, en este caso el vitivinícola, que viene impulsando la administración de Javier Milei.
La Resolución 55/2026, publicada en el Boletín Oficial, introduce un cambio estructural en el esquema institucional de la vitivinicultura local y reabre un debate de larga data dentro del sector: da por finalizado el sistema de contribuciones compulsivas previsto en la Ley 25.849 y declara concluido el ciclo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI), eje central del funcionamiento de la entidad durante más de dos décadas.
La norma, firmada en el ámbito de la Secretaría de Agricultura dependiente del Ministerio de Economía, establece en su artículo 6 “la finalización (…) de las contribuciones obligatorias previstas” en la legislación vigente, así como de cualquier otra fuente de financiamiento público nacional vinculada al PEVI.
Con ese argumento, el Gobierno sostiene que, al haber finalizado el horizonte temporal del plan -originalmente diseñado hasta 2020-, el esquema de recaudación pierde sustento legal y debe ser eliminado.
El texto oficial va más allá de la simple eliminación del tributo sectorial y dispone además el cierre formal del programa estratégico que justificaba su existencia.
En ese marco, fija un plazo máximo de tres meses para que la Coviar presente un informe final que incluya rendición de cuentas, cumplimiento de metas y detalle del uso de los recursos acumulados durante su ejecución.
Además, determina que los fondos remanentes deberán ser transferidos al patrimonio del Instituto Nacional de Vitivinicultura, con el objetivo de evitar que queden sin asignación específica tras la finalización del plan.
La resolución no implica la disolución de la Coviar, pero la deja sin su principal mecanismo de financiamiento.
La entidad -que articula a cámaras empresarias, gobiernos provinciales, organismos técnicos y el propio Estado nacional- a partir de ahora deberá redefinir su funcionamiento bajo un esquema de aportes voluntarios.
Algo que se ve poco probable en un contexto de fuerte tensión interna dentro de la cadena vitivinícola y con una industria que atraviesa una situación crítica, con caída de ventas internas y de exportaciones.
Desde el Gobierno, el principal impulsor político de la medida es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien celebró públicamente la decisión y la inscribió en la lógica general de reducción de cargas regulatorias e impuestos sectoriales.
El funcionario calificó al esquema de financiamiento como “una aberración” que obligaba a los privados a sostener una estructura que, según su visión, había perdido su razón de ser tras el vencimiento del plan estratégico.
Bajo ese enfoque, la eliminación del aporte obligatorio se presenta como una medida orientada a reducir costos, mejorar la competitividad y eliminar lo que el Gobierno considera “intermediaciones innecesarias”.
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