El Gobierno dispuso la eliminación del sistema de control estatal sobre los aranceles que cobran los colegios privados, al derogar el Decreto 2417/1993, que regulaba desde hace más de 30 años el vínculo entre el Estado y los institutos de enseñanza de gestión privada en todo el país.
La medida fue formalizada a través del Decreto 787/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, y supone un cambio profundo en el esquema de supervisión de precios que regía para matrículas y cuotas escolares.
A partir de ahora, los establecimientos privados podrán fijar libremente los valores, sin necesidad de obtener autorización previa ni comunicar los montos con antelación al Estado nacional.
El decreto advierte además que la intervención estatal en la fijación de aranceles “ha generado efectos contraproducentes que afectan el funcionamiento y la viabilidad económica” del sector.
En particular, sostiene que la obligación de informar y obtener autorización previa para modificar las cuotas “limita la capacidad de adaptación de los colegios frente a las fluctuaciones del mercado”, lo que les impide ajustar sus precios de acuerdo con los costos operativos reales
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