Tras la difusión de los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sobre presuntas coimas que involucran a la primera plana del Ejecutivo, el Gobierno denunció ante la Justicia un operativo de inteligencia ilegal «con el fin de desestabilizar el país en plena campaña electoral».
Además, logró una cautelar del Poder Judicial para evitar que se reproduzcan las filtraciones que salpican a la secretaria de Presidencial, Karina Milei, y su asesor Eduardo «Lule» Menem.
No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido», remarcó el Vocero Adorni. Según pudo saber este medio, la denuncia recayó en el Juzgado Federal 12, que subroga el juez federal Julián Ercolini.
Entre los responsables identificados por el Gobierno se encuentran el periodista Mauro Federico, el empresario Pablo Toviggino, el conductor Jorge Rial y el abogado Franco Bindi. En este marco, la Justicia ordenó allanamientos en sus domicilios y en el medio de comunicación “Carnaval Stream”.
Para el Gobierno, «no se trata de una filtración casual», sino «de un ataque planificado que apunta directamente al núcleo de la democracia argentina que es el proceso electoral». En ese marco, en Balcarce 50 consideran que el objetivo «fue generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas y nacionales».
La denuncia del oficialismo se basa en la Ley de Inteligencia Nacional, la cual «prohíbe taxativamente a cualquier persona u organismo realizar espionaje político o manipular la opinión pública mediante actividades clandestinas».
En este marco, solicitan medidas cautelares urgentes para impedir la publicación de nuevas filtraciones y «preservar la transparencia del proceso electoral».
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