El gobierno del presidente Javier Milei avanza en reemplazar los planes sociales por un sistema de vouchers laborales, iniciativa encabezada por la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y que busca transformar los programas de transferencias directas en becas de capacitación que conecten a los beneficiarios con el mercado formal de trabajo.
Según informó el medio diario Clarín, el nuevo esquema permitiría que las personas inscritas en los actuales programas de ayuda económica puedan utilizar un voucher estatal para financiar cursos de formación profesional, dictados por instituciones o empresas privadas.
“Estamos trabajando en un sistema de vouchers para que la gente pueda capacitarse en lo que quiera, en trabajos útiles para cada región del país”, señalaron desde el entorno de Pettovello.
El sistema piloto se aplicará a través del Centro de Formación de Capital Humano, donde el ministerio busca ofrecer certificaciones progresivas para oficios y capacitaciones técnicas.
El modelo incluye un acuerdo con empresas privadas, que asumiría parte de la formación práctica. Entre las firmas que ya estarían en conversaciones figuran Sinteplast, dedicada a la fabricación de pinturas, y Arcos Dorados, franquiciada de McDonald’s en América Latina.
La idea del Ejecutivo es que el Estado ponga la infraestructura -edificios y mantenimiento- y las compañías se encarguen de los contenidos y la instrucción.
El anuncio ha generado resistencia entre los movimientos sociales y organizaciones populares, que denuncian el congelamiento de los haberes y la falta de diálogo con el gobierno.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que agrupa a trabajadores de comedores y cooperativas, realizó esta semana una marcha frente al Ministerio de Capital Humano para exigir un aumento inmediato del monto que perciben los beneficiarios -actualmente 78 mil pesos argentinos, congelados desde 2023- y un bono de emergencia.
Sin embargo, técnicos de la propia cartera reconocen que solo un 10% de los beneficiarios del programa Volver al Trabajo podría acceder a empleos formales, debido al bajo nivel educativo y la alta informalidad laboral.
En el mismo tenor, el rediseño de los planes sociales también enfrenta cuestionamientos legales y reclamos judiciales.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó acciones ante la justicia por la suspensión de más de 73 mil beneficiarios y la eliminación de otros 2.260 planes, advirtiendo que el gobierno viola el “principio de no regresividad” en materia de derechos sociales.
El Estado tiene la obligación de justificar si un programa se cierra o se modifica, porque de lo contrario se afectan derechos adquiridos”, señaló el organismo.
Además, Pettovello eliminó la obligatoriedad de la contraprestación laboral, lo que, según analistas, redujo la influencia política de las cooperativas y movimientos sociales que gestionaban los antiguos planes.
Por ahora, la ministra mantiene reuniones con grandes empresas y busca acelerar la implementación del plan antes de fin de año.
En paralelo, los movimientos sociales ya anuncian nuevas movilizaciones en Buenos Aires y advierten que llevarán la discusión al debate legislativo sobre la reforma laboral
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