El Gobierno busca avanzar en una nueva ley de salud mental para reemplazar la vigente desde 2010 y negocia cambios con las provincias antes de emitir dictamen en el Senado.
Tras tres reuniones virtuales con ministros de Salud provinciales, los principales ejes en discusión son las internaciones, el rol de los psiquiatras y los hospitales especializados, aunque todavía no hay consenso definitivo.
El proyecto propone reemplazar el criterio para internaciones involuntarias de “riesgo cierto e inminente” por el de “riesgo grave de daño para la vida o la integridad física”, permitiendo considerar antecedentes y la posible evolución de la situación.
También daría un papel más relevante a las familias, y al psiquiatra y contempla que, en circunstancias excepcionales, un solo médico pueda disponer una internación, con una revisión posterior.
Otro punto en debate es habilitar internaciones en hospitales especializados en psiquiatría y salud mental y eliminar la prohibición de crear nuevas instituciones monovalentes.
El oficialismo sostiene que faltan camas en los hospitales generales y faltan lugares especializados, mientras que críticos y algunas provincias advierten sobre el riesgo de ampliar las internaciones, reforzar una “lógica de encierro» y avanzar sin resolver la falta de financiamiento y profesionales.
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