La administración británica de las Islas Malvinas prorrogó por cinco años todas las licencias vigentes para actividades petroleras offshore, en medio de la ofensiva del gobierno de Javier Milei para frenar la explotación de hidrocarburos en la zona sin autorización nacional.
La decisión, que cuenta con respaldo del Reino Unido, también contempla una posible extensión adicional de dos años si las compañías cumplen con los programas de trabajo previstos.
El anuncio profundiza la tensión con la Argentina por el avance de proyectos petroleros en aguas del Atlántico Sur.
El Gobierno envió al Congreso el proyecto para considerar ilegales los permisos otorgados por la administración isleña y en las últimas semanas intensificó denuncias penales, medidas administrativas y sanciones contra empresas y accionistas vinculados a esas operaciones.
“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña y responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales.
La funcionaria sostuvo que se trata de recursos que la administración local busca desarrollar bajo estándares ambientales y de seguridad.
El foco principal está puesto en Sea Lion, el proyecto petrolero ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago. La iniciativa es liderada por la israelí Navitas Petroleum, con 65% de participación, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
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