En conferencia de prensa encabezada por el jefe de Gabinete Juan Luna, el ministro de Salud Juan Carlos Vergara, la secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, se anunció que el gobierno provincial tomará medidas ante los paros ilegales que se llevan a cabo en el sistema de Salud y de Educación, a fin de garantizar el derecho de salud y de educación a la población.
El jefe de Gabinete expuso que ante las situaciones que se están viviendo en Salud y en Educación hay niños y niñas que no pueden acceder a la educación y personas que tampoco pueden acceder al sistema sanitario. “Las y los estudiantes necesitan volver a clases y la ciudadanía necesita ser atendida en los hospitales y centros de salud por los profesionales correspondientes”.
Asimismo recalcó que hubo de parte del gobierno y de ambos Ministerios de Salud y de Educación un “agotamiento de las instancias posibles de diálogo» y que “se buscó escuchar los reclamos propuestas siempre con resultados insatisfactorios”.
También expuso sobre las medidas tomadas en el sistema educativo que “hay un acuerdo paritario firmado que fue incumplido además de no presentarse a las convocatorias”. En referencia a salud, expuso que “se llamó a los representantes gremiales sin resultados positivos. Son medidas de fuerza ilegales, en educación se incumplió el acuerdo paritario y la conciliación. En el ámbito de salud hay una convocatoria a paro por un sindicato que no tiene personería gremial y que son los únicos que están en condiciones de convocar a paro bajo la tutela de derecho de huelga”.
El jefe de ministros indicó que “hemos hecho lo posible para buscar otro tipo de salida” y ante esta situación se decidió tomar medidas y que en las liquidaciones de marzo que se pagarán en abril, se aplicarán descuentos a docentes y trabajadores de salud que están de paro. “No es una medida que nos guste pero nos vemos obligados a hacerlo porque es necesario restituir ambos servicios”, subrayó y recalcó que “pongamos en una balanza también el derecho de las y los niños y el derecho de las personas enfermas”.
También consideró que las medidas de fuerza tienen un profundo contenido político ya que “ambos paros son convocados por personas que no son neutrales en el proceso electoral que culminará el 7 de mayo. Muchos de los principales representantes de estas medidas también pugnan por un cargo como convencionales, gobernadores”.
También llamó al diálogo y dijo que “por favor restituyamos la normalidad de los servicios de educación y de salud, garanticemos el derecho de los estudiantes y los enfermos y, que a partir del buen diálogo con una prestación normal del servicio, retomemos diálogos que puedan propiciar soluciones concretas”.
Ilegalidad de la medida de fuerza
La secretaria de Trabajo, Miriam Espinosa, explicó que “básicamente quien tiene el poder de Policía es la Secretaría de Trabajo. Nos llama la atención la postura que ha tomado AMP, respecto a años anteriores. Cuando se habla de ilegalidad es porque tampoco nos han comunicado como Secretaría de Trabajo la adopción de medidas. No obstante eso y con una profunda vocación de diálogo hemos convocado a conciliación obligatoria a la que asistieron las autoridades del ministerio de Educación de la provincia pero no han acudido las entidades sindicales y el paro a todas luces no tiene sustento legal”.
El ministro de Salud, Juan Carlos Vergara dijo que “llamamos a la reflexión para poder reiniciar el trabajo y volver a dialogar. Desde el Ministerio de Salud vamos a trabajar para buscar una solución”, dijo Vergara.
Por su parte el ministro de Educación, Ariel Martínez recalcó que “nuestro gobierno ha generado todos los canales para tener fluido diálogo para que los acuerdos y los consensos estén sobre la mesa y les demos las garantías a los derechos fundamentales de las trabajadoras y trabajadores. También debemos generar todas las condiciones para el acceso a la educación de nuestros niños y niñas”.
“En Educación tenemos una paritaria abierta con todos los acuerdos cumplidos. Están agotadas las instancias. Buscamos, pretendemos y solicitamos a nuestros docentes la responsabilidad en trabajo focalizado en el derecho a la educación de nuestros estudiantes”, concluyó Martínez.
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