La fiscalía que investiga el presunto enriquecimiento patrimonial injustificado del jefe de Gabinete Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, impulsó una serie de nuevas medidas de prueba destinadas a reconstruir ingresos, bienes, gastos y posibles movimientos patrimoniales bajo análisis.
En una resolución, el fiscal solicitó información sobre otra causa que involucra al hermano del funcionario, requirió documentación sobre actividades laborales de Adorni y su esposa, pidió registros de ingresos de proveedores a una vivienda ubicada en un country, información sobre la situación habitacional de la madre del vocero y datos de una compra de muebles por más de $8 millones.
Una de las medidas apunta directamente a la causa por enriquecimiento ilícito que tramita contra Francisco Jorge Adorni, el hermano del funcionario.
El fiscal pidió una “amplia certificación del objeto procesal” de ese expediente, incluyendo “las personas comprendidas, los hechos denunciados o investigados, el estado actual del trámite” y toda referencia vinculada con “bienes de origen familiar, dinero en efectivo, sucesión de Jorge Adorni o cualquier otro extremo que pudiera guardar relación con el objeto de esta causa”.
La resolución explica que la medida busca determinar una eventual vinculación de ese expediente “con los extremos patrimoniales investigados” respecto de Manuel Adorni y Bettina Angeletti.
Otra de las medidas surge del análisis del teléfono celular de Matías Tabar, el arquitecto que remodeló la propiedad en Indio Cua. A partir de esa evidencia, el fiscal pidió información a la firma Industria Argentina del Descanso S.A., conocida comercialmente como Rosen The Store, sobre una factura emitida el 2 de junio de 2025 a nombre de Gisela Kocsis por $8.183.303,25.
La fiscalía pretende conocer “el medio de pago utilizado, fecha y modalidad de cancelación, identidad de la persona que efectuó el pago, cuenta, tarjeta, CBU, CVU, efectivo u otro instrumento empleado”.
También requirió el domicilio de entrega, quién recibió los productos y cualquier dato que permita establecer el destinatario final de la operación.Las medidas fueron ordenadas con plazos de respuesta de 72 horas.
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