Hoy desde las 12 horas luego del escándalo que involucró a José Luis Espert referente legislativo libertario en un entramado narco, el Gobierno se enfrentará a la posibilidad de que se modifique el régimen de decretos de necesidad y urgencia (DNU), una de sus principales herramientas de gobernabilidad y el regimen de repartos de los aportes al tesoro nacional.
Una de las reformas que tienen los gobernadores en la mira es un proyecto que consensuaron los 24 distritos para ejecutar el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que representan el 1% de la masa coparticipable que se recauda por tributos federales. Su creación es automática, pero su distribución es discrecional: desde la asunción de Javier Milei, solo se distribuyó el 7% de los ATN en 2024, según un informe de Politikón Chaco.
Vetado en septiembre de este año, obtuvo amplia mayoría en Diputados en agosto, con 143 votos a favor, 90 en contra y 12 abstenciones.
Sin embargo, el proyecto que más preocupa al Gobierno es la reforma de la Ley 26.122 -sancionada en el 2006- que reglamenta los DNUs que emite el Poder Ejecutivo.
La propuesta establece que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras.
De esta forma, se promueve que el Poder Legislativo tome una postura activa al respecto de los decretos y no termine convalidándolos por omisión. Además, busca circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos.
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