La oposición le advirtió al Poder Ejecutivo Nacional que cualquier operación de crédito público deberá ser puesta a consideración y contar con la aprobación del Congreso, en cumplimiento de la Constitución.
Además, proponen modificar la ley Guzmán para endurecer los controles.
El anuncio que realizó el lunes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en el que aseguró que en la administración republicana están «dispuestos a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina», sumado a la bilateral entre Milei y Trump que tuvo lugar este martes en Nueva York, encendieron las luces de alarma en los bloques opositores.
A través de una resolución, impulsada por el bloque de Unión por la Patria, y un proyecto de ley redactado por Marcela Pagano (Desarrollo y Coherencia) junto a Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), las bancadas opositoras salieron a marcarle la cancha al oficialismo en medio de las discusiones que podrían desembocar en un salvataje económico.
El proyecto de resolución firmado, entre otros, por el diputado Máximo Kirchner, reafirma las «atribuciones exclusivas» del Parlamento establecidas en el artículo 75 de la Constitución respecto a contraer créditos por parte de Nación, al pago de deuda externa y a la aprobación o rechazo de tratados con otros países y con organizaciones internacionales.Además, pide al Poder Ejecutivo que someta a la consideración de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación «cualquier acuerdo alcanzado con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos» o «con la administración de los Estados Unidos de América» y que se brinde toda la documentación al respecto, con particular atención «a cualquier compromiso que asuma la Argentina como condición para el otorgamiento» del préstamo.
Asimismo, propone reafirmar que “todo empréstito tomado por nuestro país con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América que no sea aprobado por ambas cámaras del Congreso Nacional es nulo de nulidad absoluta e insanable y no obligará al Estado nacional de manera alguna”.
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