Desde las 11 del jueves, la Cámara alta tratará cambios en los regímenes de presupuestos mínimos para la preservación de glaciares y el ambiente periglacial (Ley 26.639), diferenciando a las «áreas periglaciares» de las «geoformas periglaciales» y sujetando su pertenencia al Inventario Nacional de Glaciares (ING) a ser reconocidas como «reservas estratégicas» por estudios de la «autoridad con competencia ambiental de la jurisdicción» local.
Todas las provincias que componen la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre le dieron, con quorum o con votos, apoyo al Gobierno en la reforma laboral: Catamarca, Jujuy, Mendoza, Salta y San Juan. Eso, según apuntan desde la oposición, fue uno de las principales impulsos para que Casa Rosada envíe una modificación a la actual Ley de Glaciares.
Aunque no se conoce el texto final del proyecto que cambiaría la reglamentación sobre la explotación minera en fuentes de reservas hídricas, el oficialismo está confiado en lograr la media sanción en el Senado y argumenta a que existen u$s30.000 millones de inversión en juego.
Preocupa que los equipos científicos responsables del inventario y del estudio técnico no hayan sido consultados en la elaboración de la reforma que se está impulsando”,Cuando se debilita ese marco nacional el resultado no es más inversión, es más incertidumbre expresan fuentes especializadas
Si cada provincia pudiera reinterpretar el ING según su conveniencia, se rompe el concepto mismo de presupuesto mínimo y se fragmenta el sistema de protección ambiental”.
Adriana Serquis una legisladora nacional comentó que las reservas hídricas de las geoformas periglaciales «son un bien estratégico común que no pueden tener fronteras provinciales» y consideró que se trata de «un cambio regresivo y anticonstitucional porque las zonas que antes estaban protegidas ahora van a dejar de estarlo por definiciones poco precisas». “Se abre la puerta a la privatización de las fuentes de agua».
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