Tras la revocación de la condena por más de u$s16.100 millones, el caso por la expropiación de YPF abre una nueva fase con instancias decisivas en la justicia estadounidense y una vía paralela en tribunales internacionales que podría acelerarse.
El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que anuló la sentencia contra la Argentina por la expropiación de YPF, el proceso judicial entra ahora en una etapa determinante, con múltiples caminos legales abiertos y definiciones que podrían extenderse durante los próximos meses —e incluso años—.
El primer movimiento será un pedido de revisión ante la totalidad de los jueces de la Corte de Apelaciones, mecanismo conocido como hearing en banc. Se trata de una instancia poco habitual, ya que este tipo de solicitudes rara vez es aceptado.
Sin embargo, el carácter particular del caso con una decisión dividida 2 a 1 abre una ventana para que el tribunal evalúe nuevamente el expediente en pleno. La presentación debería realizarse dentro de los 14 días posteriores al fallo, mientras que la respuesta podría demorar entre 20 y 45 días. En caso de prosperar, el juicio adquiriría una dimensión excepcional dentro del sistema judicial estadounidense.
Si esta instancia no tiene éxito, el siguiente escalón será la Corte Suprema de Estados Unidos. Allí, la parte interesada podrá presentar un pedido de revisión (certiorari), aunque las probabilidades de que el máximo tribunal acepte tratar el caso son históricamente bajas.
Aun así, el calendario judicial introduce un factor clave: la Corte entra en receso el 31 de julio y retoma su actividad en la primera semana de octubre. Si el recurso se presenta antes de esa fecha, una eventual respuesta podría conocerse hacia diciembre de este año.
En caso de rechazo, se habrán agotado todas las vías judiciales en Estados Unidos. Por el contrario, si la Corte decide intervenir, el proceso se extenderá considerablemente y una resolución final podría demorarse hasta mediados de 2027.
En paralelo a este recorrido dentro del sistema judicial norteamericano, existe una alternativa adicional que no requiere agotar las instancias anteriores: el inicio de un proceso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial. La posibilidad de un reclamo en el CIADI agrega un nuevo nivel de complejidad al caso, ya que implicaría trasladar la disputa a un ámbito de arbitraje internacional, donde los tiempos y criterios difieren de los tribunales estadounidenses.
El litigio por YPF, que se originó tras la estatización del 51% de la compañía en 2012, se convirtió en uno de los casos más relevantes para las finanzas públicas argentinas en las últimas décadas.
La sentencia de primera instancia, dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska, había ordenado el pago de una indemnización multimillonaria a los fondos demandantes por no haber realizado una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios. La reciente decisión de la Cámara de Apelaciones representó un alivio inmediato para la Argentina al dejar sin efecto esa condena.
Sin embargo, el proceso aún está abierto y las próximas definiciones serán determinantes para establecer si el fallo se consolida como un cierre definitivo o si el caso vuelve a escalar en el sistema judicial internacional.
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