La oposición coincide en la necesidad de responder a una urgencia: la morosidad familiar.
De manera progresiva y sin detenerse en los últimos 15 meses, los distintos datos sobre endeudamiento de los hogares registran cifras cada vez más angustiantes.
Por caso, el Banco Central confirmó que la irregularidad en créditos familiares alcanzó un 10,6% en enero de este año, más de cuatro veces de lo relevado en noviembre del 2024, cuando el índice era de 2,5%. En detalle, entre diciembre del 2025 y el primer mes del 2026 los préstamos personales pasaron de una morosidad del 12% al 13,2% y el índice en tarjetas de crédito pasó del 9,3% al 11%.
Un informe de la consultora 1816 propone que se trata del nivel de endeudamiento más alto de las últimas dos décadas.
Ese escenario es el que empuja, desde enero, a los legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Provincias Unidas y el peronismo provincialista (los más reacios a acompañar las propuestas del Gobierno) a impulsar distintas iniciativas para aliviar la deuda en los hogares.
Más allá de la lectura coincidente, admiten que las conversaciones para consensuar un mismo proyecto se encuentran en estado inicial y que la distribución de las presidencias de comisiones, proceso en el que LLA se encargó de conservar las más influyentes, pueden inmovilizar cualquier intención opositora.
La primera iniciativa interbloques en Diputados fue la encabezada por el entrerriano Guillermo Michel (Unión por la Patria), en conjunto con miembros de Encuentro Federal y Natalia De la Sota (del unibloque Defendamos Córdoba).
Su proyecto apunta a la creación de un «Programa de desendeudamiento de las familias argentinas» que implica una «línea de crédito directa del ANSES para jubilados, trabajadores, monotributistas y otros beneficiarios de planes sociales» cuyo objetivo es que se cancelen sus deudas «en condiciones menos desfavorables». El monto máximo del crédito es de $1.500.000 y en «condiciones normales de mercado» dispuesta en torno a la Tasa Mayorista de Argentina (TAMAR) más 10 puntos porcentuales.
Desde Provincias Unidas, los santafesinos Esteban Paulón y Pablo Farías se abocaron a la necesidad de modificar la Ley de Concursos y Quiebras, incluyendo a los deudores de créditos de consumo como sujetos «pasibles de protección especial» y limitando la posibilidad de embargar los ingresos de aquellas personas que recayeron en morosidad en un monto que deje sus ingresos por debajo de la línea de la pobreza.
Finalmente, la bonaerense Marcela Pagano (Coherencia) presentó un proyecto integral de Ley Federal de Crédito Responsable y Desendeudamiento, que limita la posibilidad de endeudamiento, regula la publicidad crediticia, crea un sistema de alerta temprana con la infraestructura de finanzas abiertas y constituye un régimen transitorio y extraordinario de desendeudamiento.
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