Como objetivo primordial, busca que los cargos públicos no puedan ser ocupados por personas que hayan cometido delitos de corrupción, Violencia de Género, contra la libertad, o contra la integridad sexual.
Además, la norma impone que los partidos deberán exigirles a sus candidatos el certificado de antecedentes penales y correrán el riesgo de que la Justicia Electoral baje las listas completas si en ellas hay personas con condenas o procesamientos en contra.
El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez consideró que la legislación representa un «avance enorme en materia institucional» y señaló que regirá para «todos los poderes del Estado».
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