La jueza de Nueva York Loretta Preska formalizó el cierre del expediente de primera instancia por la estatización de YPF, después de que la Cámara de Apelaciones dejara sin efecto en marzo la condena contra Argentina por US$16.100 millones.
La magistrada incorporó esa decisión al expediente mediante una sentencia final, en cumplimiento de lo resuelto por el tribunal superior. También rechazó el pedido de los demandantes de postergar el cierre hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos se pronuncie sobre el caso.
La demanda fue presentada en 2015 por el fondo Burford, que había adquirido los derechos para litigar de empresas de la familia Eskenazi, accionistas de YPF cuando fue estatizada en 2012.
Aunque el fallo de segunda instancia favoreció al Estado argentino, los demandantes solicitaron que la Corte Suprema estadounidense revise la decisión.
El litigio todavía no está definitivamente cerrado, ya que resta saber si el máximo tribunal aceptará intervenir y eventualmente modificará el resultado.
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