Las sierras del Famatina, a la altura de Guanchín, se convirtieron el pasado 27 de julio en el escenario de una crisis ambiental que puso a prueba la templanza de todo el departamento Chilecito.
Durante seis interminables días, el fuego avanzó voraz sobre la vegetación nativa, desplegando un operativo de combate que movilizó a bomberos, baqueanos y cientos de brigadistas llegados de diversos puntos de la provincia y del país.
En medio de las llamas, el humo y el terreno hostil, la respuesta local contó con la presencia del intendente en el frente de batalla durante toda la jornada de lucha contra el fuego, su labor ante la emergencia fue reconocida por quienes arriesgaban la vida en la primera línea.
Sin embargo, una vez extinguido el peligro, el foco de la escena pública viró hacia el terreno político. Desde la comodidad de sus elegantes despachos e hiperconectados a las redes sociales, sectores de la oposición vernácula salieron rápidamente a montar una narrativa en contra del jefe departamental, acusándolo de haber mentido respecto a la ayuda brindada por el gobierno central. Una maniobra que intentó confundir el despliegue técnico del Sistema Nacional del Manejo del Fuego con un auxilio político o institucional de la Nación hacia el municipio, el cual, en términos concretos, nunca existió ni resultó determinante frente a la gigantesca movilización comunitaria que sostuvo el operativo.
Lejos de surtir efecto, la embestida opositora generó una fuerte indignación popular. La propia ciudadanía y los brigadistas que padecieron el rigor de la sierra criticaron con dureza la postura de quienes prefirieron lanzar ataques desde la distancia en lugar de aportar soluciones. Con sus duras críticas y su falta de empatía ante la emergencia, a esta oposición calculadora la propia realidad le terminó «quemando las intenciones».
Los funcionarios municipales rápidamente pasaron de ser héroes a villanos para algunos sectores, tras una serie de nombramientos en el municipio. Este proceso comenzó luego de que se solicitara la jubilación de varios empleados y se diera de baja a quienes no completaron el reempadronamiento iniciado hace un par de años, dejando vacantes que finalmente se cubrieron. Según las autoridades, estas personas ocupan funciones reales y están trabajando activamente, desmintiendo los señalamientos de que se trataría de nombramientos vacíos.
En distintas plataformas digitales hemos sido testigos de cómo los funcionarios municipales han sufrido agresiones, incluyendo ataques que involucran a sus familiares, lo cual constituye una violencia personal injustificable, principalmente si vienen de gente que se presumía pertenecientes al proyecto político que gobernante.
A su vez, el Concejo Deliberante recibió la visita de los exbeneficiarios del programa Potenciar Trabajo, quienes a partir del mes de agosto dejaron de percibir esa ayuda. En ese marco, los concejales de la oposición les sugirieron que dejaran de reclamarle al gobierno nacional por la pérdida del beneficio y que se dirigieran al intendente para solicitarle trabajo formal.
Allí radica la contradicción de la oposición: mientras el discurso nacional insiste en reducir el tamaño del Estado y recortar personal, a nivel local se exige la incorporación de este grupo de personas a las filas municipales. Esta postura de solicitar que el Estado se expanda para absorber a los beneficiarios de planes sociales resulta, cuanto menos, incongruente con la línea que se baja a nivel macro, generando un choque de visiones ideológicas y políticas muy marcado sobretodo viniendo de los referentes de la LLA en Chilecito, un despropósito.
Otros temas urticantes se ven en un futuro no muy lejano, las boletas de luz, con gente protestando y reuniendo firmas y los extrabajadores de la curtiembre que vuelven a reunirse con el fin de iniciar reclamos indemnizatorios…pero eso es harina de otro costal que pronto nos dará la posibilidad de cronicar.
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