La Ley N° 10.876, promulgada por el gobernador Ricardo Quintela, respalda el reclamo de La Rioja sobre territorios hoy en manos de San Juan y habilita herramientas para avanzar en instancias judiciales y políticas.
El proyecto había sido impulsado por el oficialismo provincial y aprobado en la Legislatura, con amplio apoyo de la mayoría de las fuerzas a excepción de La Libertad Avanza (LLA).
Desde el Gobierno provincial precisaron que se trata de 2651 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a «14 veces la Ciudad de Buenos Aires».
El litigio es centenario, pero un decreto-ley del gobierno de facto de Juan Carlos Onganía, dictado en 1968, lo resolvió a favor de San Juan.
Esa definición fue ratificada además en 2014 por el Congreso Nacional.Pese a eso, Quintela anunció que acudirá a la competencia originaria de la Corte Suprema, por considerar que ese territorio fue «sustraído ilegítimamente» durante la dictadura.
El proyecto declara la «nulidad» de la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968. «Esa delimitación se realizó de manera unilateral, sin la participación del Congreso de la Nación», planteó el texto legislativo.
Finalmente, se instruyó a la Fiscalía de Estado a «iniciar acciones legales directas» ante el máximo tribunal, con el objetivo de impedir el avance de actividades de explotación de recursos hasta que se resuelva la controversia.
La normativa faculta además al Poder Ejecutivo riojano para que, a través de los organismos competentes iniciar las gestiones administrativas, políticas y legislativas que resulten necesarias ante el Congreso de la Nación y la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objeto de llevar el reclamo a las esferas nacionales.
Asimismo, habilita a la Legislatura a crear una Comisión Especial de Estudio, Seguimiento y Delimitación Territorial Interprovincial, que funcionará en el ámbito de la Legislatura provincial.
El organismo estará integrado por siete diputados y contará con el asesoramiento permanente de representantes de la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado y especialistas en historia, geografía, cartografía y minería.
Esa comisión tendrá como misión recopilar y sistematizar antecedentes históricos, jurídicos y técnicos vinculados a la cuestión limítrofe, además de realizar un seguimiento de las acciones impulsadas por el Poder Ejecutivo y coordinar estrategias con los legisladores nacionales que representan a La Rioja en el Congreso.
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