Familiares de personas con discapacidad denunciaron al presidente Javier Milei por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona a raíz de los recortes efectuados en las prestaciones de salud y en las pensiones, como también por incumplir con la ley de Emergencia sancionada por el Congreso.
La presentación también alcanza al ministro de Salud, Mario Lugones, al secretario de Discapacidad, Alejandro Vilches, y al extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
En paralelo, el Gobierno envió un proyecto al Congreso para imponer nuevos requisitos al otorgamiento de pensiones, que genera rechazo entre las organizaciones.
La causa fue radicada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°5 y es patrocinada por el abogado Javier Garín, en representación del colectivo de personas afectadas por el ajuste en el área, organizaciones de la sociedad civil y por profesionales de la salud, que acusan al Gobierno nacional de llevar adelante un ajuste sistemático en el pago de los beneficios desde el inicio de la gestión libertaria a la fecha, eludiendo fallos judiciales y promoviendo un discurso de desprecio hacia las personas con discapacidad.
En el escrito, manifiestan que el ataque de Milei está «inspirado en una ideología de tipo supremacista» sobre la base de «una presunta ‘superioridad estética’ de cierta tipología social» que desprecia la justicia social, la igualdad, los derechos, los adultos mayores y las personas con discapacidad, sobre los que el Presidente hizo especial hincapié desde el primer momento de su mandato «en descalificar y desatender» con «especial saña».
Mientras tanto, el Gobierno presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que lleva como nombre “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez” con el que busca reformar el sistema actual, bajo el argumento de la existencia de presuntas estafas en la registración del beneficio.
En caso de aprobarse, la iniciativa obligará a los beneficiarios a reempadronarse de forma obligatoria, debiendo acreditar una vez más su condición médica, la situación económica y su antecedente laboral.
En caso de no hacerlo, se les suspenderá el pago de forma automática. Además, definió que la pensión por invalidez consistirá en “el pago de una prestación mensual equivalente al setenta por ciento (70 %) del haber mínimo jubilatorio” y fijó incompatibilidades con el empleo formal.
Es muy grave lo que está pasando. Hablar de fraude en las prestaciones y las pensiones me parece que es, una vez más, una toma de posición del Gobierno. Quieren generar otra vez un cuestionamiento en la población a quienes reciben la pensión», criticó Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad. Además, se preguntó: «¿Dónde está el fraude? Dicen que en las auditorías detectaron una gran cantidad de estafas. Hablan de 80 mil personas, pero nunca presentaron un informe con nombres ni errores».
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