Activistas escalando monumentos y detenciones. Movilización y operativo de seguridad. Las inmediaciones del Congreso le dieron el marco al debate en el que el Gobierno logró la reforma a la ley de Glaciares, que le otorgó a las provincias autonomía para definir autorizaciones de proyectos mineros en zonas periglaciares.
La oposición coló las causas de Manuel Adorni(que dará su informe de gestión en Diputados el 29 de abril), junto al caso $LIBRA.El acompañamiento del PRO, la UCR y de fuerzas provinciales (Elijo Catamarca, los salteños y misioneros de Innovación Federal, los tucumanos de Independencia y los sanjuaninos de Producción y Trabajo) fueron decisivas para que la votación termine con 137 votos a favor y 111 en contra (3 abstenciones).
Para llegar a esa cifra, también se sumaron Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), José Luis Garrido (Por Santa Cruz) y Nicolás Massot (Encuentro Federal) junto con los integrantes de Provincias Unidas (PU) Jorge Rizotti (Jujuy), Sergio Capozzi (Río Negro), Alejandra Torres (Córdoba), José Núñez y Gisela Scaglia (Santa Fe). Los sanjuaninos Cristian Andino y Jorge Chica (Unión por la Patria) se sumaron a esta postura.
La votación fue vista por Karina Milei y Diego Santilli desde el palco de Diputados. La ausencia del jefe de Gabinete Adorni no pasó desapercibida por la oposición, que cantó: «¿Dónde está? ¿Adorni dónde está?».
También siguieron la sesión funcionarios de provincias mineras, que graficaron el impacto en sus distritos de las reformas: «De las 4.000 zonas periglaciares con potencial minera que tenemos, sólo pudimos aprobar exploraciones en seis. Ahora será otra cosa». La reforma propone redefinir el alcance de las zonas protegidas, al limitar la tutela ambiental a aquellos cuerpos de hielo que acrediten una función hídrica efectiva. Además, transfiere a las provincias una mayor capacidad para determinar qué áreas quedan resguardadas.
Eugenia Testa, directora del Circulo de Políticas Ambientales, lo confirmó para Ámbito: «Vamos a judicializar la ley y vamos a seguir cada uno de los proyectos que se activen en cada una de las áreas que hoy están protegidos por la ley. También vamos a judicializarlo. […] Todos los ojos de nuestro trabajo se van a enfocar en cómo avanzan las provincias con estas habilitaciones».
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