El Gobierno enfrentará en febrero un escenario de creciente conflictividad sindical, con paros anunciados y medidas de fuerza en evaluación por parte de distintos gremios estratégicos, en un contexto atravesado por el debate de la reforma laboral en el Congreso y negociaciones salariales estancadas que elevan la presión sobre la gestión de Javier Milei.
La agenda del mes próximo combina reclamos sectoriales, vencimientos de conciliaciones obligatorias y definiciones clave de la CGT, que deberá resolver si avanza con un plan de lucha unificado o habilita protestas fragmentadas, mientras el oficialismo intenta sostener la gobernabilidad en medio de las sesiones extraordinarias.
Los sindicatos estatales nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) resolvieron convocar a un paro general para el 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento de la reforma laboral en el Senado de la Nación. La medida fue impulsada por el Frente de Sindicatos Estatales y Gremios de Empresas Públicas, que también evalúa acciones en todo el país.
Desde el gremio advierten que la reforma “sí afecta al sector público” y mencionan organismos como PAMI, ANSES, Vialidad Nacional, DGI, Aduana, ACUMAR y el Hospital Garrahan, entre otros, además de cuestionar cambios en la figura del monotributo.
En paralelo, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) se reunirá con la CGT para definir los próximos pasos frente al avance de la reforma laboral y la escalada de conflictos sectoriales. La central obrera analiza si respalda un paro general o mantiene una estrategia gradual, mientras crece la presión de los gremios de base.
Febrero se perfila así como un mes clave para el Gobierno, con desafíos simultáneos en el Congreso y en la calle, y una conflictividad laboral que amenaza con marcar el pulso político del inicio del año legislativo.
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