Con 46 votos a favor, 25 en contra y 1 abstención, la Cámara alta aprobó la ley de presupuesto del Poder Ejecutivo, que ya tenía media sanción de la Cámara de Diputados. El oficialismo también logró superar la votación en particular.
Para sus 2 primeros años de gestión, el Congreso no había aprobado los proyectos de presupuesto, por lo que el Ejecutivo gobernó con prórrogas de los años anteriores.
El Presupuesto contempla gastos totales por $ 148 billones, un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI y un superávit financiero del 0,3% del PBI. Además, el Ejecutivo prevé una inflación del 10,1% y un aumento del PBI del 5% para todo 2026.
El Presupuesto aprobado por el Congreso deroga el artículo de la Ley de Financiamiento Educativo que exige que el gasto en el área sea como mínimo del 6% del PBI. La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) advirtió que desde la sanción de esa ley, en 2005, esta meta sólo se cumplió en 2015.
El Presupuesto 2026 destina a la función Educación y Cultura (que engloba todos los gastos relacionados con estas áreas, independientemente de la jurisdicción que los realice) $ 7,7 billones.
Si se tiene en cuenta la inflación proyectada por el Gobierno para 2026, esto implica una caída real del 1% con respecto a 2025, y del 47,7% con relación a 2023 (último año de la gestión del Frente de Todos).
En tanto, el texto que convirtió en ley el Senado destina unos $ 90 mil millones para los vouchers educativos, lo que representa una caída real del 13,5% con respecto a 2025 y refleja la caída en las solicitudes de ayuda que se registró en 2025. Por su parte, se prevé un aumento del 4,1% real en la inversión destinada a becas en general (como las Progresar).
El Plan Nacional de Alfabetización (creado en junio de 2025) recibirá en 2026 unos $ 580 mil millones. Esto implica un incremento real del 39,3% con respecto a los $ 352 mil millones presupuestados en 2025.
En 2026 las prestaciones sociales (categoría que nuclea a las jubilaciones, los planes sociales y las asignaciones familiares, entre otras) tendrán un incremento real del 5,7%, de acuerdo con el análisis de la OPC.
Las partidas destinadas a las jubilaciones tendrán un incremento real del 6% según la OPC, pero los fondos destinados al bono extraordinario para los beneficiarios de la mínima caerán 13,8% real, lo que implicaría mantener el beneficio en $ 70 mil (congelado desde marzo de 2024) durante todo el año próximo.
Bajo estas condiciones, la jubilación mínima caería en torno al 1% en 2026, mientras que el resto tendría un incremento del 2,2%.También se registra una caída del 10,6% real en los fondos destinados a las pensiones por discapacidad, explicada por un recorte de 155 mil beneficios, según se desprende del análisis de la OPC.
El proyecto oficial proponía además la derogación de la ley de emergencia en discapacidad (que establecía aumentos en las partidas del área), pero Diputados rechazó el capítulo del proyecto que contenía esta modificación.
En tanto, las asignaciones familiares presentan un incremento real del 3,7% respecto del cierre estimado para 2025, y particularmente la Asignación Universal por Hijo (AUH) muestra un incremento del 6,4% real.
Por su parte, la prestación Alimentar (un complemento de la AUH que consiste en la entrega de dinero destinado a la compra de alimentos) tendrá en 2026 una caída del 15,2% real con respecto a los gastos de 2025.
En la misma línea, los fondos destinados a comedores comunitarios presentan un recorte del 28,9%.Con respecto a los planes de empleo, la OPC señaló que se proyecta una caída real del 70,6% en los fondos destinados al programa Volver al Trabajo (destinado a la capacitación laboral de personas de hasta 49 años), lo que implicaría una reducción del 66% de los $ 78 mil que actualmente cobran los 950 mil beneficiarios.
Por el contrario, el programa de Acompañamiento Social (para personas mayores de 50 años) tendrá un aumento del 49,7% en términos reales.
Facebook
RSS