En la primera semana de sesiones extraordinarias, el Gobierno no pudo concretar su estrategia parlamentaria por completo.
Si bien alcanzó a aprobar la propuesta general en Diputados el Presupuesto 2026, con 132 votos a favor a 97 en contra, perdió en la votación del capítulo más drástico de su iniciativa al no garantizarse respaldos provinciales, lo que podría representar un mensaje de sus aliados ante los intentos de tratamiento exprés de sus reformas. Aún así, Casa Rosada podría intentar la sanción de un porcentaje del proyecto en el Senado antes del fin de año. Sobre el cierre de la sesión, y de forma inesperada, definieron a los tres representantes para la Auditoría General de la Nación.
Dentro de los alineados con los gobernadores, los apoyos a La Libertad Avanza del proyecto general llegaron desde Neuquén, Salta, Tucumán, Catamarca, Santa Cruz y Misiones.
Las oposiciones fueron de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Encuentro Federal (integrada por Nicolás Massot y Miguel Pichetto).
Una particularidad se vio en el bloque de exlibertarios País Federal, en donde sus dos miembros votaron distinto: Marcela Pagano se opuso, mientras que Claudio Álvarez apoyo el Presupuesto 2026 oficialista.
Antes de la votación en general y pasada la medianoche, «Bertie» Benegas Lynch (La Libertad Avanza) anunció dos reformas: una que habilitaba al jefe de Gabinete a realizar adecuaciones presupuestarias para la ciudad Autónoma de Buenos Aires (como parte del acuerdo de Nación con el PRO), en simultáneo a la inclusión de un fondo especial de $21.347 millones a la «Jurisdicción 5 del Poder Judicial».
Ambas modificaciones fueron introducidas en el capítulo 11 del proyecto, el más controvertido porque incluye el artículo 75 que eliminaba el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad.
Luego de esa aprobación, el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, propuso la votación de la designación de los tres auditores generales de la Nación: Mónica Almada (por el oficialismo), Juan Ignacio Forlón (peronismo) y Pamela Calletti (representante de las provincias). La iniciativa provocó la ofuscación de Cristian Ritondo (PRO), que señaló que ese tema no corresponde a extraordinarias: «Que quede bien claro que la falta de códigos y de respeto a los compromisos asumidos corren por cuenta de La Libertad Avanza y por quien preside esta Cámara».
En ese momento, los miembros de Provincias Unidas definieron salir del recinto. Fueron seguidos por el PRO, la UCR y el Frente de Izquierda; quedaron provincialistas, peronistas y libertarios.
Hasta ese momento cruzados, coincidieron en la aprobación a mano alzada de los representantes de Diputados para la Auditoría General de la Nación. Pasadas las 3 de la madrugada, juraron en la misma sesión.
Recaían dudas sobre la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de prisión para funcionarios que dicten o ejecuten «normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento».
Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. Finalmente, la sesión se cayó por falta de quorum y el tema no tuvo tratamiento.
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