Más allá de la estabilidad macroeconómica, la pobreza en la Argentina se ubicó en 36,3% al cierre del tercer trimestre, mientras que la indigencia afectó al 6,8%, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social (ODSA) que elabora la Universidad Católica Argentina (UCA) en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH).
Si bien se observa una baja respecto al tercer trimestre de 2024 (45,6%y 11,2%, respectivamente, su valor más alto desde 2005), la estabilización todavía no se traduce en mejoras reales en el bienestar.El documento, “Estrés y bienestar en una Argentina en transición” de la UCA, muestra que la Argentina transitó un proceso de “ajuste más normalización”, pero no un proceso de desarrollo.
Eso se traduce en una paradoja: bajó la inflación, se ordenaron precios relativos, se redujo la nominalidad y el Estado recuperó capacidad fiscal, pero la cotidianeidad de millones de hogares sigue marcada por ingresos insuficientes, menor calidad laboral, inseguridad alimentaria persistente y un nivel de malestar subjetivo que no encuentra piso.
En esa línea, se observa que la pobreza se toma por ingresos, pero las canastas son en base a consumos de 2003-2004, ya que aún no se actualizó en base a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018.
En el mercado laboral se identifica el corazón del problema. La mejora en la inflación no alcanzó para recomponer salarios reales, ni mucho menos para frenar el deterioro de la calidad del empleo.
Actualmente el 33,1% de los hogares se encuentran fuera de la afiliación al sistema de seguridad social.
El informe cierra con una advertencia, si bien la estabilización puede ser una condición necesaria, pero no es suficiente para recomponer la movilidad social ni reducir la desigualdad.
El país necesita un puente entre el orden macro y la inclusión micro. La pregunta es si el nuevo régimen económico puede construirlo o si, por el contrario, quedará confinado a administrar un equilibrio social cada vez más pequeño.
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